90 aniversario de la ley de Vagos y Maleantes

Esta controvertida ley. Fue aprobada el 05 de agosto de hace 90 años. A pesar de que muchos, la relacionen con otras épocas o gobiernos posteriores, que la modificaron según sus criterios partidistas. Esta ley se mantuvo en vigor hasta el año 1970.

La Ley de Vagos y Maleantes (conocida popularmente como la Gandula) fue una ley del Orden Penal español de 4 de agosto de 1933 aprobada por consenso de todos los grupos políticos en las Cortes de la II República referente al tratamiento y control de vagabundos, nómadas, o rufianes sin oficio, entre otros, de comportamientos considerados antisociales.

 Tal día como hoy, el 5 de agosto de 1933, aparecía publicada en la Gaceta de Madrid la llamada Ley de Vagos y Maleantes, una norma tachada habitualmente de “franquista”.

Hay que recordar que esta ley Fue aprobada en La II Republica con el gobierno presidido por el izquierdista Manuel Azaña. La ley, hecha de común acuerdo entre los distintos grupos políticos en unas Cortes republicanas ampliamente dominadas por la izquierda, sancionaba diversas conductas y a ciertas personas, entre ellas “los vagos habituales”, “los rufianes y proxenetas”, “los ebrios y toxicómanos habituales” y “los mendigos profesionales”, e incluso aquellos que no justificasen la posesión o la procedencia del dinero o efectos en su poder.

El gobierno de Azaña reconoció que quería hacer campos de concentración

El 14 de septiembre de 1933 Abc informaba de la creación de un “campo de concentración” en Figueras (Gerona) para internar a los sancionados por esta ley. El anuncio lo hizo el Gobernador General de Cataluña, el nacionalista Juan Selvas i Carné. La citada denominación para ese centro de internamiento no era cosa del diario, sino del político. Selvas dijo sin rodeos que “los que vayan detenidos al campo de concentración lo estarán de un modo eventual hasta que sean destinados a las colonias agrícolas, a las que se les deba mandar.” Es decir, que un miembro del propio gobierno izquierdista republicano reconocía que se iba a crear un “campo de concentración”. Por si a alguien le cabe alguna duda, ese mismo día el diario barcelonés La Vanguardia confirmaba dicha información,

Reclusos del campo de concentración de Alcalá de Henares, el primero creado en España a raíz de la Ley de vagos y maleantes de 1933 (Foto publicada por la revista ‘Estampa’ el 18 de agosto de 1934)

Campo de larga duración y de evacuación. Ubicado en un almacén de carbón, primero, y, desde mayo de 1940, en el castillo de San Fernando. Por él pasaron miles de republicanos que regresaban desde Francia. Los prisioneros solían estar solo un día en sus instalaciones antes de ser enviados a otros campos. Operó entre febrero de 1939 y el 10 de diciembre de 1942. La fortaleza de San Fernando es hoy una gran atracción turística.

La ley fue modificada por el régimen franquista para incluir la represión de los homosexuales el 15 de julio de 1954.

La homosexualidad y la bisexualidad, tanto masculina como femenina, así como cualquier ruptura con el binarismo de género, se consideraban en el franquismo no sólo pecaminosas sino además delito y enfermedad. Y se legisló contra ello. 

La influencia del turismo una de las causas a las que el régimen atribuye tal tsunami homosexual. Obviamente Canarias no fue ajena a esta influencia extrajera

Numerosos testimonios de los represaliados indican que, el afeminamiento o ‘la pluma’, era suficiente para ser detenido y pasar varios días en un calabozo de la comisaría

Esta ley se mantuvo en vigor hasta el 5 de agosto de 1970, año que fue sustituida por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social.

La ley sobre peligrosidad y rehabilitación social fue una ley del código penal español aprobada por el régimen franquista el 5 de agosto de 1970. ​ Sustituía principalmente a la Ley de vagos y maleantes para el control de todos los elementos considerados antisociales.

"En 1962 comienzan a abrirse los primeros locales de toda España frecuentado por personas LGTBI. En poco tiempo, el pasaje Begoña se convirtió en el referente absoluto de libertad y respeto a la diversidad afectivo sexual. Fue uno de los mayores exponentes de la vida nocturna de Torremolinos y de toda la Costa del Sol".

Todo terminó el 24 de junio de 1971, cuando la Policía, a las órdenes del gobernador civil de Málaga, Víctor Arroyo, desmanteló de un plumazo el espíritu del Pasaje, en lo que se ha dado en llamar la gran redada y el Stonewall español. 114 personas fueron arrestadas, según el relato que ha recopilado la asociación que preside Pérez.

El martes 26 de diciembre de 1978, el Gobierno de Adolfo Suárez puso fin a la ilegalidad de la homosexualidad en España. Hasta entonces se hallaba perseguida por la Ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social que declaraba:

“...en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación a [...] los que realicen actos de homosexualidad” (art. 2.3).

 Esta norma, junto a la de «escándalo público» fue usada de forma sistemática para la represión de la homosexualidad y la transexualidad en la última etapa de la dictadura franquista. Consideraba a los homosexuales como “peligrosos” que, además de las correspondientes multas, podían ser sometidos a medidas de hasta cinco años de internamiento en establecimientos de reeducación o centros psiquiátricos para la “curación” o rehabilitación de los individuos. La mentalidad del régimen, reflejada en esta ley, trataba a la homosexualidad como una enfermedad contagiosa y a los que la practicaban como enfermos a los que había que curar. Como consecuencia se les aislaba en prisiones o centros psiquiátricos y allí podían permanecer hasta que se les evaluara como “curados”. Los "invertidos sexuales" se dividían en dos clases: los genuinos congénitos (o de nacimiento) y los ocasionales (o viciosos).

 El tratamiento penitenciario fue duro, se establecieron dos centros, uno en Badajoz y otro en Huelva, donde se pretendía enviar a los “pasivos” y los “activos” respectivamente.

En estos establecimientos se buscaba (como explica el Informe de Amnistía Internacional España: Poner fin al silencio y a la injusticia) reconducir la orientación sexual de los presos mediante lo que se denominó terapia de aversión, para lo cual se llegaban a utilizar descargas eléctricas.

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